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Una república parlamentaria, una potencia imperial, un gobierno andino de derecha y una monarquía no comparten región, alianza ni forma de gobierno. Sin embargo, entre ellos se está extendiendo el mismo instrumento legal: leyes y decretos redactados en el lenguaje del «terrorismo» y la «seguridad nacional» que tratan a la oposición política en sí misma como una amenaza que debe ser controlada.